Cuando litigar es gratis…

Jorge Quiroz

Un amigo me contaba hace poco sobre lo que le había sucedido con una vivienda de su propiedad. La había dado en arriendo, pero el arrendatario al poco tiempo dejó de pagarle el canon correspondiente. Después de meses de insistencia, tuvo que ir a juicio, el cual duró cinco años hasta llegar a sentencia a firme con orden de desalojo. Desde el primer día los hechos estaban claros: el arrendatario había incumplido el contrato. No obstante ello, a mi amigo le tomó cinco años recuperar la propiedad. ¿Cuál fue el costo para el arrendatario incumplidor? Fue condenado en costas, que, en definitiva, equivalieron a 
$ 70.000 mensuales. Esto es, el litigio le permitió a la parte incumplidora vivir en una excelente residencia por cinco años, pagando en definitiva la irrisoria suma de 
$ 70.000 al mes, con crédito libre de interés. Si mi amigo quisiera recuperar el arriendo impago, tendría que entablar una segunda demanda, esta vez por perjuicios, la que tomaría otro tanto de tiempo y de costo de abogados: ni pensarlo.



El caso anterior corresponde a sólo un botón de muestra de lo que ocurre día a día en nuestra sociedad, cada vez más litigiosa. Un empresario connotado, a vista de todos, se niega a cumplir compromisos financieros libremente pactados, argumentando que se trataría de préstamos usurarios. La estrategia le regalará dos o tres años de espacio de tiempo, libre de costo, mientras el litigio sigue su curso. En el peor de los casos, si pierde, será condenado a pagar lo que ya debe, más unas costas irrisorias. En el caso de las inversiones en generación eléctrica, cualquier grupo, alegando la vulneración de algún derecho, permite a éste dilatar las inversiones, a veces por un año o más. Si la oposición al proyecto pierde, los promotores de la misma a lo más serán condenados en costas, siempre bajas, pero en el intermedio la sociedad verá retrasados vitales proyectos de inversión para el desarrollo económico.

La causa de todos estos casos es una sola: en Chile litigar es gratis, no tiene costos materialmente relevantes. De este modo, cualquier persona puede siempre ganar tiempo, a costa de otros y obtener beneficios con el sólo hecho de oponerse o controvertir una determinada situación. El resultado para la sociedad es un desastre: obras que se retrasan, incertidumbre en los contratos e incertidumbre en las inversiones. Por lo mismo, la solución a este problema es también una sola: encarecer el costo de litigar. Eso no es fácil de implementar pero se puede.

Partamos señalando que existen antecedentes donde en el pasado, el legislador sí consideró la posibilidad de imponer costos al litigio de mala fe. En nuestro antiguo Código de Procedimiento Civil, se establecía la potestad del sentenciador, en los juicios de menor cuantía, para imponer sanciones pecuniarias a la parte que a juicio de éste haya litigado de mala fe (sin causa legítima). Asimismo, en nuestra legislación sobre competencia desleal, uno de los tipos del ilícito se configura precisamente cuando la competencia entorpece las funciones de otra empresa por medio del abuso en la interposición de recursos legales y administrativos. Asimismo, cuando se trata de recurrir contra una multa que haya establecido la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el recurrente está obligado a consignar una fracción de la multa.

Está claro entonces que tratándose de elevar los costos de litigar, no estamos frente a terreno inexplorado. Tres medidas que podrían ser estudiadas en mayor detalle podrían ser: a) elevar el monto de las costas; b) reformar el código de procedimiento civil reincorporando alguna versión mejorada de la potestad del sentenciador para sancionar al que haya litigado de mala fe y c) reglamentar de modo cuidadoso el ejercicio de los recursos de protección y de amparo económico, velando porque, sin afectar los derechos constitucionales envueltos, éstos no se presten para abusos, haciendo a la sociedad toda rehén de un pequeño grupo de interés.